Por: María Eugenia Morales, docente de la Escuela Administración y Competitividad del Politécnico Grancolombiano.

Cada vez que reviso los datos de la economía informal en Colombia, confirmo que seguimos leyendo este fenómeno con categorías que se quedaron cortas. Hablamos de “rebuscadores” o de “microemprendimientos” sin reconocer que, detrás de esas etiquetas, hay un segmento enorme de trabajadores adultos que sostienen buena parte del dinamismo comercial del país, pero lo hacen sin garantías mínimas.

Esa fue una de las conclusiones más claras de la investigación que desarrollamos en el Politécnico Grancolombiano junto con la Corporación Fomentamos, donde caracterizamos a más de 4.500 comerciantes informales en cuatro departamentos. Uno de los datos que más llama la atención en esta investigación es quiénes están realmente detrás del comercio informal.

La mayoría son mujeres y, en muchos casos, jefas de hogar que cargan solas con la responsabilidad económica de sus familias. Más del 80 % de las encuestadas fueron mujeres y el 73 % se identifica como cabeza de familia. A esto se suma un dato que suele pasar desapercibido: buena parte tiene entre 51 y 60 años, una edad en la que el mercado laboral formal ya no abre muchas puertas, pero en la que aún sostienen el ingreso diario de sus hogares.

El nivel educativo refuerza este panorama. Tres de cada cuatro comerciantes no cuentan con formación superior y un porcentaje significativo apenas cursó algunos niveles de primaria. Este rezago educativo no solo limita la empleabilidad, sino que reduce la capacidad de crecimiento económico de sus actividades, que suelen ser emprendimientos de supervivencia centrados en la venta de alimentos, venta de productos por catálogo, confecciones y oficios varios.

Pero quizá el hallazgo que más debería preocuparle a quienes diseñan política económica es la precariedad de los ingresos. El 41 % recibe entre 10.000 y 30.000 pesos diarios; otro grupo incluso menos de 10.000. En términos prácticos, esto significa que más de la mitad no alcanza el salario mínimo mensual, ubicándose en rangos cercanos o incluso inferiores a las líneas de pobreza definidas por el DANE y la Cepal.

La idea de que la economía informal “dinamiza” el mercado pierde fuerza cuando entendemos que lo hace a costa de una vulnerabilidad extrema y persistente. A esto se suma una realidad financiera crítica: el 60 % nunca había accedido a un producto del sistema bancario,

La ausencia de vida crediticia empuja a miles de personas hacia mecanismos extra bancarios como los paga diarios o el “gota a gota”. El 70 % reconoció haber recurrido a estos préstamos, destinándolos principalmente a sus negocios o a necesidades básicas. Las consecuencias no son solo económicas: endeudamientos impagables, riesgos para la integridad personal, pérdida de bienes e incluso desplazamientos.

 

Este tipo de alternativas de financiación ilegales solo agudizan la problemática afectando cada vez más a la población menos favorecida tanto en Colombia como en América Latina. Cabe resaltar que, si bien algunas instituciones gubernamentales y privadas trabajan incansablemente en proponer alternativas de financiación de fácil acceso para toda la población, estos siguen siendo insuficientes, sin embargo, el mayor esfuerzo debe realizarse brindando a la par alternativas de educación financiera.

Sin embargo, los círculos solidarios, una modalidad de crédito comunitario basada en la confianza, muestran que la inclusión financiera sí puede ser una herramienta de transformación real. Allí encontramos que, con montos pequeños y acompañamiento, estos comerciantes logran invertir en sus negocios, estabilizar sus ingresos y reducir su exposición a sistemas de crédito que los empobrecen aún más.

Desde una perspectiva económica, la conclusión es clara: Colombia no puede seguir abordando la informalidad únicamente como un problema de fiscalización o de “formalización por decreto”. Se requiere una lectura más profunda de las trayectorias laborales de estos trabajadores, de sus restricciones educativas, de sus redes de cuidado y, especialmente, de sus limitadas opciones financieras.

La informalidad es una respuesta racional a un mercado laboral que no ofrece alternativas viables. Si queremos avanzar hacia un crecimiento más inclusivo, debemos diseñar políticas que reconozcan la realidad de estos comerciantes: programas de capacitación pertinentes, acceso real al crédito, mecanismos de protección social flexibles y estrategias que acompañen a esta población en lugar de penalizarla.