Por:  Carlos Noriega

En economía existe una frase tan incómoda como precisa: la inflación es un impuesto disfrazado. No aparece en ninguna ley, no pasa por el Congreso y nadie la anuncia en una rueda de prensa. Pero actúa como un tributo real: reduce el poder adquisitivo, redistribuye recursos de manera regresiva y golpea con más fuerza a quienes menos tienen. En un país como Colombia, donde la informalidad supera el 55% y la mayoría de los hogares vive al día, la inflación no es solo un fenómeno macroeconómico: es un mecanismo silencioso de empobrecimiento.

Para entender por qué la inflación funciona como un impuesto, hay que partir de un hecho básico: cuando los precios suben, el dinero compra menos. Ese deterioro del poder adquisitivo afecta a todos, pero no por igual. Según un análisis del Banco de la República, la inflación golpea más a los hogares pobres por dos razones fundamentales: su alta dependencia del efectivo y la mayor proporción de su ingreso destinada al consumo básico. 

Los hogares de bajos ingresos tienen pocos activos financieros o bienes durables que puedan protegerlos de la pérdida de valor del dinero. Su principal activo es el efectivo que reciben cada mes. Cuando la inflación aumenta, ese efectivo pierde valor de inmediato. En contraste, los hogares de mayores ingresos suelen tener activos que se valorizan con la inflación —como bienes raíces o inversiones indexadas— lo que amortigua el impacto. La inflación, por tanto, erosiona proporcionalmente más la riqueza de los pobres que la de los ricos.

La segunda razón es aún más contundente: los hogares vulnerables destinan la mayor parte de su ingreso a alimentos, transporte y servicios públicos, precisamente los rubros que más rápido suben en episodios inflacionarios. Cuando los precios aumentan, estos hogares no tienen margen para sustituir bienes, aplazar compras o protegerse con instrumentos financieros. Simplemente consumen menos. Y consumir menos significa vivir peor.

Por eso, algunos economistas describen la inflación como “el tributo del que nadie se escapa”, pero que pagan más caro quienes menos tienen. Así lo señala un análisis de Portafolio: la inflación actúa como una transferencia silenciosa desde quienes tienen ingresos fijos hacia quienes pueden protegerse mejor, como los propietarios de activos o quienes tienen deudas indexadas. 

La inflación también distorsiona decisiones económicas. Cuando las familias temen que los precios sigan subiendo, adelantan compras, reducen el ahorro y buscan refugio en activos como dólares o vivienda. Las empresas, por su parte, aplazan inversiones de largo plazo ante la incertidumbre. El resultado es un círculo vicioso: menos inversión, menor productividad y un crecimiento económico más débil.

Pero si la inflación es un impuesto, ¿quién lo cobra? La respuesta es técnica, no política: lo cobra el Estado de manera indirecta, porque la inflación reduce el valor real de su deuda y aumenta el recaudo por impuestos nominales. Cuando los precios suben, los ingresos tributarios también lo hacen, incluso si la actividad económica no mejora. Es un alivio fiscal temporal, pero a costa del bienestar de los hogares.

Esto no significa que los gobiernos “busquen” la inflación. De hecho, los bancos centrales existen precisamente para evitarla. Pero sí implica que, en contextos de déficit fiscal persistente, endeudamiento creciente y presiones de gasto, la inflación se convierte en una válvula de escape que termina trasladando el ajuste a los más vulnerables.

El Banco Mundial ha mostrado que los impuestos indirectos —como el IVA— son regresivos en Colombia, mientras que los directos y las transferencias ayudan a reducir la desigualdad.  La inflación funciona como un impuesto indirecto aún más regresivo: no distingue entre niveles de ingreso, no permite deducciones y no ofrece mecanismos de compensación. Simplemente reduce el ingreso real de todos, pero especialmente de quienes no tienen cómo defenderse.

Por eso, controlar la inflación no es solo una tarea técnica del banco central: es una política social. Mantener la estabilidad de precios protege el ingreso real de los hogares, preserva el valor del ahorro y reduce la incertidumbre que frena la inversión. Cuando la inflación baja, los pobres ganan más que nadie.

En un país donde la desigualdad es estructural, la inflación no puede verse como un fenómeno pasajero ni como un problema exclusivo de los economistas. Es un impuesto silencioso que se cuela en cada mercado, en cada factura y en cada bolsillo. Y mientras no se entienda su impacto distributivo, seguiremos subestimando su capacidad de empobrecer.

La inflación no aparece en el Estatuto Tributario, pero funciona como el impuesto más regresivo de todos. Y combatirla es, en esencia, una política de justicia económica.