El paradigma de la competitividad
Por: Alexander Balzán – profesor dela Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional de la Universidad Politécnico Grancolombiano
El Banco Mundial ha lanzado el Business Ready (B-READY) 2025, una plataforma métrica que sustituye al antiguo Doing Business con un enfoque más sofisticado y holístico. Este nuevo marco no solo evalúa las reglas escritas (de jure), sino la realidad operativa (de facto) y el soporte institucional de 101 economías. Para Colombia, los resultados presentan una paradoja académica y política: poseemos una infraestructura de servicios de primer mundo, pero una eficiencia operativa que aún lastra el dinamismo empresarial.
El dato más contundente para el país es su posicionamiento en el Pilar II: Servicios Públicos. Con una puntuación de 74.17, Colombia se ubica en el primer quintil global, superando el promedio de las economías de ingresos altos de la OCDE (71.45).
Este desempeño se sustenta en tópicos específicos donde el país es referente:
• Servicios Públicos: Con 87.73 puntos, Colombia demuestra una capacidad de provisión e infraestructura altamente competitiva.
• Entrada de Negocios (Business Entry): Una calificación de 85.41 reflejando un ecosistema institucional que facilita la formalización inicial.
• Servicios Financieros: Los 82.97 puntos validan un sector financiero profundo y accesible para el tejido empresarial.
A pesar de la robustez institucional, Colombia enfrenta lo que el informe denomina la “brecha de eficiencia”. Mientras que nuestro Marco Regulatorio (Pilar I) es sólido con 74.98 puntos , la Eficiencia Operativa (Pilar III) cae a 59.06 puntos. Esta diferencia de casi 16 puntos evidencia que las reglas en el papel no se traducen en agilidad para el empresario.
El talón de Aquiles: el comercio internacional
El punto más crítico para la competitividad nacional es el Comercio Internacional, donde Colombia registra apenas 48.34 puntos. Esta cifra está significativamente por debajo del promedio global de 59 puntos. Las barreras en fronteras, la logística y la complejidad de los trámites de intercambio comercial limitan la capacidad del país para integrarse eficientemente en las cadenas globales de valor.
Hacia una agenda de implementación:
El informe B-READY 2025 es claro: la madurez democrática y regulatoria debe ir acompañada de una implementación de facto eficiente. Colombia tiene la “teoría” (leyes) y las “herramientas” (servicios públicos), pero falla en la ejecución. Para un país en transición demográfica, cerrar esta brecha no es opcional; es el único camino para transformar el entorno de negocios en un motor real de generación de empleos de calidad.
La proyección de competitividad para 2026 impone a Colombia el desafío de corregir su desempeño en su Comercio Internacional. La reflexión debe centrarse en tres ejes críticos derivados de la evidencia del reporte:
1. Sincronización de la “Brecha de Eficiencia” (Efficency Gap): Colombia debe transitar de la suficiencia legislativa (74.98 puntos en el Marco Regulatorio) a la agilidad administrativa (59.06 puntos en Eficiencia Operativa). El reto para 2026 es que las reglas del comercio exterior dejen de ser un obstáculo burocrático y se conviertan en un facilitador de flujos.
2. Inversión en Infraestructura Digital Fronteriza: El reporte subraya que el cierre de la brecha en servicios públicos es vital para economías con presiones demográficas. Para Colombia, esto implica la digitalización absoluta de los procesos aduaneros y la integración de sistemas gubernamentales para reducir los tiempos de transacción en puerto, que actualmente elevan los costos operativos.
3. Preparación para el nuevo estándar global: En 2026, la publicación del set de datos completo para más de 160 economías servirá como un examen de rigor para las reformas que se implementen hoy. El país debe enfocar su política pública en la práctica real de las firmas, asegurando que la disponibilidad efectiva de servicios públicos se traduzca en una mayor productividad laboral.
Es así como la competitividad de Colombia en 2026 no dependerá de la creación de nuevas leyes, sino de la capacidad del Estado para garantizar que el comercio exterior funcione con la misma excelencia que hoy exhiben sus servicios públicos básicos. Solo así se logrará el objetivo permanente de generar empleos más productivos y de mejor calidad.
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